Las AFP: un sistema feudal contemporáneo
¿Qué es una sociedad democrática? Es un estado social fundado en la igualdad de condiciones políticas, sociales y económicas entre las personas que la componen. En este sentido, si retrocedemos en el tiempo y nos situamos en la época iluminista, en el siglo XVIII, rápidamente evocamos al pensador Jean-Jacques Rousseau, quien hizo notables aportes a la filosofía política. “No puede haber una sociedad en la cual primen los intereses particulares por sobre la voluntad general”, sentenciaba en uno de sus escritos.
Tres siglos más tarde, y en una democracia ornamental, miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Chile, para manifestarse en contra del vergonzoso sistema de pensiones que en 1981 instauró la dictadura militar. Se trata de un impuesto para cada persona durante sus años de trabajo, que pasa a manos de privados para ser “administrado”. Este modelo, aparte de ser forzoso, es un negocio injusto y carente de ética, pues los ahorros de millones de trabajadores, de acuerdo al Informe de Superintendencia de Pensiones, suman $116.247.848 billones (millones de millones), de los cuales nuestros abuelos, padres, usted y yo recibiremos jubilaciones miserables.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), funcionan como un instrumento al servicio de unos pocos, no de la mayoría de los ahorristas, para generar riquezas en desmedro del pueblo. Además, esta lógica se puede comparar con la del sistema feudal, donde la organización social estaba dividida entre los señores feudales y sus siervos. La fuente de riqueza de los privilegiados era el trabajo manual que recaía en los explotados, quienes, asimismo, pagaban tributos a sus señores y recibían míseras retribuciones. Entonces, cabe preguntarnos: ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI seamos partícipes de una estructura de poder que es propia de la Edad Media? Si vivimos en democracia, ¿por qué no es escuchada la voz de la mayoría?
La ciudadanía está descontenta y exige una auténtica seguridad social. Así lo reveló en agosto un estudio realizado por la plataforma de opinión pública Cadem, donde el 87% de las personas consultadas se mostró de acuerdo respecto a la necesidad de reformar el modelo actualmente en vigencia. Sin embargo, Rodrigo Pérez Mackenna, presidente de la Asociación de las AFP, se refirió a la petición popular como una solicitud irresponsable que llevará al país a la quiebra, generando “una situación fiscal insostenible en el futuro. Eso es lo que les ha pasado a los países que tienen sistema de reparto”.
Pero basta con repasar la historia de nuestro país para darnos cuenta que no es la primera vez que la clase hegemónica utiliza el miedo y las mentiras para frenar los procesos sociales. En países con una economía desarrollada, tales como Dinamarca, Holanda y Suiza, existen sistemas públicos de pensiones. Asimismo, Brasil posee un mecanismo previsional financiado por las contribuciones del Estado, los empleadores y los empleados. El actual modelo de AFP, además de injusto por impopular y expropiador de riqueza, fortalece a unos pocos señores neo-feudales que usan ingentes sumas de dinero pertenecientes a los trabajadores, para hacer lobby político e influir en las decisiones de la administración pública, con el fin de mantener el sistema previsional y obtener otros beneficios.
Así, el feudalismo del siglo XXI se advierte en las relaciones de sometimiento que existen en nuestra sociedad, y que están protegidas por herencia de la dictadura, que aún nos rige a través de su Constitución. Hoy, lo que está en juego son los derechos de la mayoría a decidir su propio futuro, en otras palabras, el ejercicio democrático de la sociedad para optar, con conocimiento de causa, por el sistema de previsión que le parezca el más adecuado y seguro.
